Inmuebles sin lavado, sin fricción.

Sí. En Uruguay las inmobiliarias y rematadores son sujetos obligados de SENACLAFT bajo la Ley 19.574, con régimen pleno de KYC, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas. En México las operaciones inmobiliarias por encima de aproximadamente USD 35.000 son actividades vulnerables bajo la Ley Antilavado y se reportan al SAT. En Argentina la UIF (Resolución 16/2012) y en Chile la UAF aplican obligaciones equivalentes. Legal Talent aporta KYC, KYB y screening calibrados a cada uno de esos marcos.

El beneficiario final es la persona física que controla en última instancia a la sociedad compradora o vendedora del inmueble. La Ley 19.484 en Uruguay fija el umbral de identificación en titularidad ≥ 15 % o control efectivo, frente al 25 % FATF. El sujeto obligado debe identificarlo antes del cierre y conservar la documentación. El uso de sociedades pantalla para canalizar fondos ilícitos en real estate es justamente lo que esta norma pretende destapar; ignorarlo es uno de los hallazgos más comunes en las inspecciones de SENACLAFT y la UIF.

Partimos de la sociedad (SA, SRL, SAS, fideicomiso), tiramos del registro correspondiente (DGR, RNCAP, BCU para sociedades financieras), mapeamos la cadena de propiedad hasta personas físicas y armamos el organigrama con todos los titulares ≥ 15 % y la persona controlante. Cada beneficiario corre KYC individual con documento, face match y screening contra sanciones y PEPs. El gráfico de propiedad y los respaldos quedan exportables para el legajo del cliente y para el reporte al regulador.

Como mínimo: identificación del comprador y vendedor (KYC con documento y face match), identificación del beneficiario final con declaración jurada y respaldo registral, declaración de origen lícito de fondos con respaldo documental cuando supera ciertos umbrales, screening contra OFAC, ONU, UE y la lista local de PEPs, y una evaluación de riesgo de la operación. Legal Talent unifica todo eso en un legajo digital firmado y exportable, listo para presentarse en una inspección.

La regla general en LATAM es conservar todo el legajo y la documentación de respaldo por al menos cinco años desde la finalización de la operación o el cierre del vínculo con el cliente, plazo alineado con la Recomendación 11 de FATF y replicado por SENACLAFT, la UIF, la UAF y la CNBV. Legal Talent guarda todos los artefactos KYC, hits de screening, decisiones y logs cifrados con exportación versionada, así que armar el case file completo para una inspección o un requerimiento judicial es una operación de un click.